Ley sinde
La Ley SINDE o Ley de Economía Sostenible fue una ley impulsada durante la etapa de Zapatero y finalmente aprobada durante el gobierno de Rajoy denominada como Disposición Final Segunda que pretendía, entre otras disposiciones, modificar diversas leyes sobre la propiedad intelectual.
Contenido
El proyecto de ley
Dicha ley surgió por la necesidad del gobierno de regular las descargas en internet, su denominación oficial fue Ley Economía Sostenible de 2011 (Ley 2/2011). La ley fue originalmente diseñada por la ministra de cultura Ángeles Gónzalez-Sinde del gobierno socialista (PSOE), no obstante, debido a la gran polémica que esta ley provocó el gobierno no tuvo tiempo de aprobarla antes del fin de la legislatura el 27 de septiembre de 2011, por lo que fue el recién nombrado ministro de cultura, José Ignacio Wert, el encargado de terminarla y llevarla al congreso para su aprobación. Por lo que fue el 1 de marzo de 2012 cuando finalmente entró en vigor.
Definición
La ley SINDE, concretamente en su disposición final 43, tiene como objetivo la regulación de las descargas de internet reformando para ello diversas leyes que se habían quedado obsoletas, como la ley LSSI o la ley LDI, por la intrusión de las nuevas tecnologías en la vida cotidiana de los ciudadanos españoles. Uno de los aspectos más polémicos de esta ley fue que establecía una vía administrativa para la denuncia de aspectos de propiedad intelectual lo que básicamente permitía al gobierno adjudicarse competencias de justicia y le permitía cerrar webs si consideraba que incumplían la ley, aunque en última instancia seguía siendo el poder judicial quien decidía. Además, permitía al gobierno actuar de forma preventiva si se consideraba que podría existir “un daño patrimonial” lo que en la práctica permitía cerrar páginas de enlaces a contenido que violasen la ley de propiedad intelectual.
Revés a la Ley SINDE
En Julio del año 2013 el Tribunal Supremo dictaminó nulo el artículo 20.2 que afectaba a la Ley SINDE alegando:
"En caso de que, atendiendo al requerimiento de la Sección Segunda, el responsable del servicio de la sociedad de la información voluntariamente interrumpa el servicio o retire el contenido respecto al que se dirige el procedimiento, el instructor procederá a archivar el procedimiento sin más trámite, notificando tal circunstancia a los interesados y dándose, a dicha interrupción del servicio o retirada voluntaria, valor de reconocimiento implícito de la referida vulneración".
Lo que básicamente establece que el gobierno no puede hacer suposiciones ni determinaciones de culpabilidad si no se ha cometido ninguna infracción o ilegalidad por lo que si ante la acusación de infracción del gobierno se retiran los enlaces denunciados el simple hecho de retirarlos exime al presunto infractor de cualquier tipo de responsabilidad legal porque éste no admite ser culpable. Asique, aunque el gobierno continúa teniendo potestad para retirar o cerrar páginas de enlaces ya no puede presentarse ante los tribunales contra el infractor, como venía haciendo hasta el momento.
Los motivos del fracaso de la ley
Al mazazo judicial del Tribunal Supremo en el año 2013 se unieron diversos inconvenientes que impidieron aplicar de forma práctica la ley, el principal es el obstáculo tecnológico, ya que la comunidad de usuarios necesita mucho menos tiempo para montar un sistema de descargas ilícito que el tiempo que necesita el gobierno para cerrar un sitio web mediante la vía administrativo-contencioso, que suele necesitar unos 3-4 meses. Por lo que el gobierno rápidamente desistió de contuniar su campaña de cierres web que se inició muy ambicioso con la denuncia y clausura (o cese de su actividad) de hasta 15 sitios webs muy conocidos, entre los que destacaban seriesyonkis o seriesly, ya que la responsabilidad judicial contra los responsables de estas págias quedó en nada y los mencionados sitios web fueron rápidamente sustituidas por otras.
